Una reforma desde las aulas (I)

Tenemos que abrir la caja negra de los datos educativos y 

comprender lo que verdaderamente impulsa los resultados del aprendizaje, 

con el fin de ayudar a los profesores y a los responsables de políticas educativas 

a basar su trabajo en datos reales.

John Fallon (1)

-PARTE I-

Toda reforma educativa viene impuesta desde las altas instancias de la administración del Estado. Obedece a las discrepancias entre el modelo educativo impuesto por el partido del gobierno saliente y el modelo que el partido del gobierno entrante, en virtud de su ideología política, considera más adecuado para sus intereses futuros de gobierno. Precisamente éste es uno de los grandes problemas de la educación en nuestro país, el paralelismo entre alternancia política y cambio de modelo educativo, algo que desde muchos sectores de la sociedad viene denunciándose, al tiempo que se reclama un pacto de estado en educación entre todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, que garantice estabilidad en el modelo educativo -al margen de la alternancia política en el gobierno de la nación- y, en consecuencia, que ofrezca una formación de mayor calidad y coherencia para el futuro personal y profesional de nuestros estudiantes. 

No obstante, el anterior no es el único problema que nos encontramos cuando se acomete una nueva reforma educativa. La actividad política está estructurada y organizada de tal manera que los encargados de elaborar las leyes, decretos y órdenes que van a regular el sistema educativo suelen ser tecnócratas de la educación, es decir, asesores a quienes el ministro de educación de turno acude para "vestir" administrativa y jurídicamente la ideología política del partido en el gobierno en materia de educación. Es decir, que los expertos en educación -en quienes el gobierno delega esta tarea- suelen ser prestigiosos pedagogos, autores de publicaciones diversas, y con destacados méritos académicos -en el mejor de los casos- pero que, salvo raras excepciones, presentan un "pequeño" inconveniente: no estar en contacto con la vida del aula, ni con los destinatarios de las normas educativas que redactan en sus despachos mediante especulaciones teoréticas sobre la conveniencia o no de lo que debe ser la orientación del sistema educativo. 

La consecuencia de estas dos circunstancias hacen que todas las reformas educativas sean un fracaso en mayor o menor medida. Bajo mi punto de vista las causas de dicho fracaso son:

1. Abstracción de la realidad educativa de las aulas durante el proceso legislativo; es decir, legislar haciendo un brindis al sol.
2. Atención a un proyecto político más que a un proyecto de construcción del carácter de la persona mediante la educación; es decir, calcular en términos electorales los beneficios de la propuesta educativa
3. Falta de participación ciudadana en su elaboración y aprobación, especialmente para el sector más afectado para la puesta en marcha de las reformas educativas: el profesorado. Aunque alguien podría rebatir esta afirmación apelando a la existencia de los consejos escolares autónomos y de Estado, además del trámite de audiencia por el que antes de aprobar un texto legislativo, se publica un borrador para que quien quiera pueda manifestar su opinión. Pero no seamos ingenuos, estas estrategias políticas no son otra cosa que artificios cosméticos para inculcar en el ciudadano de a pie un falso derecho a decidir, incluso haciéndonos sentir que participamos en las decisiones de gobierno, algo que no es así, pues las aportaciones de los ciudadanos que superan los filtros previos y se incorporan al borrador por considerarse útiles al mismo, si es que se producen, suelen ser pequeños detalles o matizaciones que, en ningún caso, alteran la idea e intencionalidad principal del legislador. 
4. Falta de formación previa del profesorado para abordar con un mínimo de garantía las reformas educativas -nuevas ideas, conceptos, procesos, estructuras...- que los "expertos" de la educación elaboran en sus despachos.

Como resultado de ello nos encontramos con un malestar creciente entre el profesorado que, cuando ya se ha hecho a la nueva reforma, tiene que volver a empezar de nuevo porque ha habido cambio de gobierno y, con ello, una enésima reforma en la educación; además de unos resultados académicos que nos sitúan dentro del grupo de países de la OCDE en puestos manifiestamente mejorables (2).

En el caso de las enseñanzas musicales es aún más alarmante pues, por poner el ejemplo de la última gran reforma de 1990 en la que se incorporó el modelo curricular al sistema educativo español, la administración educativa no tuvo ni el acierto ni la sensibilidad de pensar por un momento si dicho modelo -claramente diseñado para la enseñanza general- fuera a ser operativo o, simplemente, "exportable" a nuestras enseñanzas.

La realidad es que no, especialmente en lo que se refiere a las especialidades instrumentales, ya que al resto de las asignaturas, es decir, las teóricas -Historia de la Música e Historia del Pensamiento Musical, Literatura e Interpretación del Instrumento Principal, Pedagogía Musical...- o las teórico-prácticas -Lenguaje Musical, Armonía, Análisis...- sí se adaptan al modelo curricular.

El caso es que, ante una realidad inexorable que es la exigencia por parte de los Servicios de Inspección Educativa de la elaboración por parte del profesorado de los documentos curriculares prescritos en la normativa vigente, el profesorado de los conservatorios elementales y profesionales de música se ha visto abocado a elaborar unos documentos que más o menos entienden, y a los que no le encuentran mucho sentido por la falta de conexión entre el espíritu curricular y la naturaleza de nuestras enseñanzas instrumentales. Esto ha desembocado en el desarrollo de una extraña habilidad docente en nuestros centros, que consiste en aprender a elaborar documentos que satisfacen a la dirección de los centros y al servicio de inspección educativa pero que no tiene utilidad alguna en cuanto al desarrollo de las materias que se imparten y que, por otro lado, no resisten una auditoría en profundidad, de ahí los abundantes recursos de alzada a las calificaciones finales de una asignatura que han prosperado en favor del reclamante -una veces con razón y otras sin ella- siempre por el mismo motivo: defecto de forma. 

Todos estos argumentos no tienen otra razón de ser que la de poner de manifiesto los graves inconvenientes de toda legislación -en general, pero en este caso y en especial en materia educativa y más concretamente en el ámbito de la enseñanza musical- emanada del "olimpo político" sin contar para su elaboración de manera irrefutable con el resto de los mortales implicados en cualquier reforma educativa. 

De esta lamentable y triste circunstancia surge mi exploración en solitario en búsqueda de soluciones que concilien el modelo que propone la administración educativa con la naturaleza de nuestras enseñanzas musicales.

JAC

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(1) Consejero Delegado del Grupo Pearson (empresa internacional líder en estudios e investigaciones educativas) coautor del informe "The Learning Curve" ("La curva del aprendizaje")

(2) En el informe anteriormente citado, entre una relación de 40 países, España aparece en el puesto nº 29, más o menos como el lugar que suele conseguir en el ranking de la OCDE.

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